El amanecer sorprendió a Fuerteventura con un despliegue sin precedentes: drones, GEO y una veintena de agentes de la UCRIF tomaron una nave industrial en Gran Tarajal. Entre cajas de pescado hallaron tres motores Yamaha 40 CV, chalecos falsificados y cuadernos con decenas de nombres y cifras. Era el centro logístico de la mayor red de tráfico de migrantes del Atlántico oriental.
«Hemos cortado la arteria principal que abastecía a los cayucos». — Comisario Antonio Duarte.
Cómo operaba la red
En la playa marroquí de Oued Chbeyka, un senegalés apodado «Le Proprio» embarcaba a 60 personas por viaje. Cada plaza costaba 2 500 € y se pagaba en dos tramos: 1 000 € adelantados y 1 500 € al llegar. Un segundo jefe, detenido en Lanzarote, alquilaba chalets turísticos para ocultar a los recién llegados antes de enviarlos en avión a la Península con pasaportes falsos.
La novedad eran las lanchas nodriza (zodiacs de 9 m) que repostaban combustible en alta mar, reduciendo el riesgo de naufragio. En seis meses movieron 900 migrantes y más de 2,25 M €.
Investigación: geolocalización y pinchazos
La UCRIF comenzó en enero tras detectar un patrón de llamadas satelitales Thuraya. En marzo colocó balizas GPS en dos motores sospechosos: uno permitió rastrear toda la ruta hasta Jandía. Una llamada interceptada el 3 de junio precipitó la fase final.
Balance de la operación
- 14 detenidos (6 marroquíes, 4 senegaleses, 2 gambianos, 2 españoles).
- 3 motores fueraborda.
- 96 000 € en efectivo.
- 120 pasaportes de Guinea‑Bisáu y Malí.
- 2 AK‑47 sin numerar.
Reacción política
La delegada del Gobierno, Anselma Ortega (PSOE), defendió la cooperación con Rabat. El PP replicó que Marruecos «solo colabora cuando hay cheques»; Vox exigió devoluciones en caliente y un mando único de Frontex: «Las mafias entienden de firmeza, no de ONG», dijo Ignacio Garriga.
Impacto socio‑económico
- El CIE de El Matorral está al 140 %.
- Pescadores majoreros comparten muelle con cayucos; pierden atraque.
- El alquiler vacacional sube un 12 % al caer la demanda de narco‑chalets.
Para la oposición, la falta de un plan de retorno alimenta el «efecto llamada» y engorda el negocio criminal.
